La catástrofe policial también es política

Julián Andrade.-

Cancún está al garete, sin autoridad y con una policía que no está preparada y que es capaz de cometer toda clase de atrocidades y entre ellas disparar para disolver una protesta. ¿Cómo llegamos a esto? Por la improvisación, por la ausencia de políticas públicas sólidas y de respaldo a la construcción de policía para generar seguridad ciudadana.

Desde hace décadas se viene insistiendo en el tema, se elaboran estudios y análisis y al final no existe la voluntad para ocuparse, de modo serio, de un tema que es de vital importancia para la sociedad.

Las policías en las alcaldías son el eslabón más débil de una cadena que tampoco es resistente del todo. En Cancún, para colmo, el crimen organizado tiene un amplio control territorial y sus disputas añaden elementos de complejidad para cualquier solución realista y de largo plazo.

Los oficiales que decidieron disparar para dispersar una protesta de mujeres, accionando sus armas, tomaron una muy mala decisión, es evidente, pero es dudoso que previo a ello hayan contado con los cursos y los programas de formación con una perspectiva de protección a los derechos humanos.

Pero no solo eso, ya hay denuncias de mujeres detenidas que afirman que recibieron malos tratos e inclusive se les amenazó. “Te ocurrirá lo mismo que a Alexis”, les decían, con ese cinismo atroz que a veces impera en las comisarías.

Me parece ahí radica una de las aristas que no hay que perder de vista y que mucho tiene que ver con la dejadez y la franca negligencia ante la necesidad de hacer valer la Constitución en lo que respecta a los derechos que deben ser respetados en todo momento.

A esto hay que añadir que en el plano federal no hay mucho interés en combatir los fenómenos criminales y que las tareas de la Guardia Nacional están en manos militares.

La respuesta de la alcaldía y del gobierno del estado es similar: Tratarse de zafar del problema, despedir a los mandos policiales y esperar que el tiempo pase y no ocurra otra desgracia.

Es evidente, hasta para ellos, que esto no solucionará mucho y que inclusive la llegada de nuevos jefes significará reacomodos que van a complicar, todavía más, el tema de la seguridad en el municipio turístico más importante del país.

Por lo visto no quieren hacerse cargo de la gravedad y de las implicaciones que ya tiene este penoso incidente y que debieran de reflejarse en medidas de carácter político que al menos muestren la voluntad de hacer un cambio y de no permitir que hechos tan vergonzosos se repitan.

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