Migrantes, morir en la carretera

Julián Andrade.-

La muerte de 54 migrantes en un percance carretero es una tragedia de múltiples dimensiones y un presagio de lo que puede seguir ocurriendo si no se toman las medidas adecuadas.

Las fronteras cerradas y restrictivas son un caldo de cultivo para la acción de los tratantes de personas, ya que el negocio de cruzar por nuestro país para intentar llegar al norte, suele ser muy productivo.

Las familias de los fallecidos, o la mayoría de ellas, tendrán que enfrentar la pérdida de un ser querido y los recursos que se invirtieron para financiar el trayecto, que en muchas ocasiones es producto de los ahorros de años o de deudas que se contraen con agiotistas.

Que un tráiler cargado de personas vuelque en la carretera de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, describe el derrumbe de los protocolos que garantizan una migración segura.

El Instituto Nacional de Migración (INM) no está haciendo el trabajo adecuado y las áreas de seguridad funcionan más como contención que en la lógica de la prevención de un problema persistente a lo largo del tiempo.

El que un tráiler cargado de personas, con todos los riegos que ello implica, pueda circular por las carreteras da cuenta de debilidades en la seguridad o de la corrupción.

 La trata de personas es uno de los negocios más lucrativos del crimen trasnacional. Los migrantes, por su vulnerabilidad, son presas de coyotes que los engañan y de sicarios que los secuestran.

La migración, ya deberíamos saberlo, no se detendrá. Es más, a nadie se le puede negar el derecho de buscar mejores oportunidades o de refugio.

La dureza de la política migratoria, atada al programa “Quédate en México” que impuso el gobierno de Donald Trump y que sigue operando con Joe Biden por instrucción judicial, es una trampa que terminará por ser de alto costo para los países involucrados.

Organizaciones como Human Rights Watch y OIM alertaban apenas ayer de los riegos involucrados y del peligro que corren los migrantes.

54 muertos, una cifra que debería hacer sonar las alarmas, detonar la reflexión y, de verdad, establecer una política migratoria basada en un enfoque de derechos humanos.

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