El amago del presidente

Dante Pinal.-

El juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió un amparo en contra de la Ley Eléctrica, a un día de haber entrado en vigor, recibió todo el peso de un presidente molesto, enojado.

El propio primer mandatario anuncio acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Judicatura del Poder Judicial, haga una “revisión del proceder de los jueces, por que es el colmo que estén al servicio de particulares”.

La Barra Mexicana de Abogados, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados, se pronunciaron contra las expresiones del presidente López Obrador porque al cuestionar la imparcialidad del juez Gómez Fierro y su intención de que se revise el proceder del juzgador, resultan inapropiadas e inconducentes y solo generan  preocupación  a la ciudadanía, especialmente a la abogacía.

Manifestaron que los fundamentos de un estado constitucional de derecho, está cimentado en el respeto y protección de los derechos humanos y en el principio de división de poderes.

En una comunicación dirigida al primer mandatario resalta que la única fidelidad que cualquier juzgador debe profesar es a la propia Constitución y a los principios y derechos que tutela:

“Los jueces requieren de independencia para cumplir con su rol constitucional. En el momento que la independencia es puesta en entredicho o violentada, se duelen los cimientos del sistema republicano”, subrayan los abogados.

Ya es momento de volver al respeto de la autonomía de los organismos. No pueden estar supeditados a los caprichos o enojos sexenales.

Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el máximo Tribunal Constitucional del país y tiene como responsabilidad defender el orden establecido por la Constitución, y, ojo, esto es muy importante: mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno.

Foto de Sora Shimazaki en Pexels.com

Este es el primer de los amparos que se presentan, faltan los que van a interponer los empresarios afectados por la reforma ala Ley Eléctrica, industriales mexicanos y, no dude, si el costo del servicio aumenta, sean los propios ciudadanos que también presenten sus amparos correspondientes.

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