El Tribunal Electoral debe estar fuera del debate político

Mauricio Juárez.-

La actual composición de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha visto inmersa, desde que el Senado designó a los actuales magistrados, en la polémica. La primera fue en octubre de 2016, cuando una mayoría de senadores decidió ampliar el periodo de cuatro magistrados.

A eso se suman acusaciones de corrupción y votaciones que han sido cuestionadas jurídicamente. En febrero de 2018, el Tribunal permitió que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” participara como candidato presidencial, cuando había sido señalado por actos anticipados de campaña.

Esa decisión convenía al partido entonces en el poder, el PRI, porque dispersaba el voto opositor. En 2020, negó el registro a México Libre, organización encabezada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, identificado por el presidente López Obrador como su principal adversario.

Sin embargo, sí ordenó el registro como partidos políticos a aliados del mandatario: Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario, quienes presentaban más irregularidad que México Libre.

Sala Superior

Es evidente que algunos de sus integrantes votan atendiendo los intereses del poder, lo que ha generado suspicacias entre opositores, quienes acusan a un grupo de magistrados de atender las indicaciones que les dictan en Palacio Nacional y en la SCJN.

La composición de dos grupos al interior del Tribunal, la confrontación entre algunos de sus integrantes y las traiciones han puesto en una situación de fragilidad al máximo órgano electoral del país en momentos en que la democracia está en riesgo por la actitud autoritaria de quien encabeza el Poder Ejecutivo.

Esa situación ha alimentado el deseo de quienes piden disolver esa institución para integrarla a una sala especializada de la SCJN o para remover a sus integrantes, lo que permitiría a la mayoría de Morena designar a quienes el presidente decida.

Las acusaciones de corrupción deben ser investigadas por la FGR. Si hay responsables de actos fuera de la ley, estos deben ser sancionados.

El Tribunal Electoral es esencial para la democracia. Por eso debe de estar fuera del debate político. Si hay actos de corrupción, son realizados por personas y no por la institución.

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