Ni transparencia, ni legalidad, ni nada

 Rubén Cortés.-

A un mes de que cumpla dos años en la presidencia, la autollamada Cuarta Transformación no gobierna de manera más transparente que la administración anterior, y tampoco actúa de forma más legal. Gobierna, eso sí, con una simulación notoria.

El propio Jefe del Ejecutivo se rehúsa a que el Estado destine dinero para medir la transparencia, al considerar que en eso “no hay beneficios”. Y afirmó, en una mañanera de julio: “Eso de que exista la transparencia, es igual a la nada, es lamentable”.

Es el mismo presidente que canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco, porque era un nido de corrupción. Pero el aeropuerto de Texcoco tenía una página web a través del cual cualquiera podía comprobar los contratos, modificaciones, avance de obras.

En cambio, no existen mecanismos públicos mediante los cuales la ciudadanía hoy pueda conocer los mismos detalles de, por ejemplo, la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Nada. Mucho menos un portal.

Entonces es natural que, según las mediciones de Transparencia Internacional, este gobierno se encuentra en el lugar 130 de 198 países, con una calificación en la opacidad de su gestión de 29 puntos de 100 posibles.

Sí: aún existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero es igual que no existiera, porque las reducciones presupuestarias lo han matado: su presupuesto actual es el menor desde 2015.

O sea, los corruptos del gobierno pasado permitían que quien quisiera se enterase de cuántos costales de cemento compraba para edificar una obra, pero los puros del actual gobierno impiden que se conozca cuantos vagones tendrá el Tren Maya.

La legalidad también deja mucho qué desear. El Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno establece que las adjudicaciones directas desaparecieron, pero la página Compranet, de Hacienda, dice que tres de cada cuatro contratos del gobierno son a dedo.

Es dinero de los impuestos de los ciudadanos, pero aún así otorga las obras públicas a quién considere conveniente, a pesar de afirmar en el Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas son “una conducta corrupta y frívola”.

En 2019, otorgó por inspiración el 78.49 por de las obras; y hasta septiembre,  pasado, ha dado el 79.3 por ciento, que es la cifra más alta en la historia, de acuerdo con investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Y la lucha contra la corrupción se nota poco. La FGR tiene estancadas 500 denuncias por corrupción. Sin embargo, ninguna ha llegado a los jueces, aunque se trata de irregularidades en dependencias del Estado.

Así que en este gobierno no son ni más transparentes, ni más legales.

Todo lo contrario.

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