El derrumbe de las mentiras y los medicamentos

Julián Andrade.-

Uno de los fracasos más rotundos de la actual administración radica en la falta de pericia para lograr el abastecimiento de medicamentos en el sistema de Salud Pública.

Lo que inició como una iniciativa de combate a la supuesta corrupción de los grupos farmacéuticos, terminó en la incapacidad de realizar las compras y de distribuir los pocos materiales adquiridos.

Hace apenas unas semanas, se anunció que la Organización de las Naciones Unidas había fracasado en la compra de claves médicas. El gobierno había acudido a esa instancia, para en teoría lograr una utilización del gasto transparente, pero todo fue peor.

Desde junio de este año, el Instituto de Salud para el Bienestar (INABI) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron un convenio para que a nombre del gobierno mexicano se realizaran las licitaciones internacionales por un monto de 6 mil millones de dólares.  

Al margen de su eficacia bastante modesta, todo el procedimiento es opaco, por lo que el 3 de noviembre,  María Elena Pérez Jaén solicitó formalmente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que en usos de sus facultades determine al UNOPS como un sujeto obligado y así se cumpla con la normativa para que podamos conocer qué es lo que realmente ocurrió.

En el fondo lo que se está demostrando es que es suicida el desarmar modelos de negocios que cumplen una función específica y menos aún sin construir un entramado de gobierno que pueda sustituirlo.

Por ejemplo, en la 4T odian a las empresas que distribuyen medicamentos, pero no tienen un área que pueda hacerlo. Se les hizo fácil dar el golpe, pero resulta que la logística y las condiciones especiales que requieren los medicamentos no es un tema que pueda hacer cualquiera.

En la Secretaría de Salud trataron de esquivar el problema mintiendo, acusando a quienes se quejaban de no encontrar medicinas, de ser parte de un complot contra la actual administración.

Un objetivo de descalificación, desde el poder, fueron los grupos de padres que tienen hijos con cáncer y que no han cejado en advertir sobre la crisis que se vive y lo que entraña para la salud de sus pequeños.

Por eso las protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para hacer visible su problemática y para dejar claro que no piensan rendirse y que seguirán exigiendo que se cumpla con el derecho constitucional a la salud.

El miércoles, en una gira por Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, que resuelva de inmediato el problema y que no esté poniendo pretextos. Lo mismo le encargaron a Juan Antonio Ferrer, el titular del fantasmal INSABI.

Es poco probable que den resultados positivos en el corto plazo, pero al menos se terminaron las coartadas y las mentiras.

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