El juicio de los 30 años

Julián Andrade.-

Solo en un estado totalitario se admitiría una consulta como la que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres décadas de agravio, oscuridad, desapariciones, concentración de la riqueza, deudas y malas políticas son las que definen la idea que tiene del pasado quien ahora gobierna México.

En la exposición de motivos presentada al Senado, para solicitar la Consulta sobre los expresidentes, no hay matiz alguno, es todo negro, porque así tiene que ser para que se acople al relato de la 4T.

Del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 2018 toda la actividad de gobierno y, aún más, del estado mismo es reprobable. Las fechas coinciden con la propia historia política de López Obrador, quien está convencido que el sistema dejó de representar a las causas populares cuando él abandonó el PRI, luego de la elección de Carlos Salinas.

Con cada uno de los expresidentes vivos, –con la notable excepción de Luis Echeverría— el primer mandatario tiene agravios:

Carlos Salinas privatizó empresas que eran del gobierno y propició la irrupción de nuevos millonarios.

Ernesto Zedillo convirtió deuda privada en deuda pública dentro del esquema del Fobaproa.

Vicente Fox canceló la esperanza, porque actuó contra él, contra López Obrador, haciendo un fraude electoral en 2006, solapado por el Tribunal Electoral.

Felipe Calderón propició la violencia porque no atendió las advertencias de que su estrategia no era adecuada para combatir al crimen y puede ser cómplice de Genero García Luna.

Enrique Peña Nieto utilizó dinero sucio en la campaña de 2012 e inclusive pudo recibir, como acusa Emilio Lozoya, sobornos anticipados de la empresa Odebrecht, dio dinero a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética y se compró, de modo indebido, la planta de Agronitrogenados.

Carlos Salinas de Gortari

Ahí está la sustancia de lo que pretende llevar a juicio. Si se tratara de una denuncia, sería desechada por el Ministerio Público, ya que, con excepción de los dichos de Lozoya, no hay mucha tela de dónde cortar y aún ahí es muy poco probable que ello signifique un problema legal para quien gobernó el país hasta el 30 de noviembre de 2018.

La pregunta que se haría, –de ser aceptada por la Suprema Corte–, radicaría en el acuerdo o el desacuerdo sobre indagar los supuestos delitos cometidos por los ex mandatarios y en su caso someterlos a juicio.

Es improcedente, porque la aplicación de la ley no pude ser objeto de mayorías o minorías y porque los derechos humanos no son motivo de este tipo de ejercicios.

Por ello, cuando la Suprema Corte se niegue a solapar semejante barbaridad, lo que ocurrirá es el recrudecimiento de las persecuciones políticas y el derrumbe de las instituciones que hicieron posible aquel México malévolo y que impiden la instauración de la luz y la felicidad.

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