Pasta de Conchos: el costo de la mentira

Julián Andrade

Los cuerpos de los 63 mineros sepultados en Pasta de Conchos, luego del estallido ocurrido en 2006, nunca serán rescatados. En el gobierno lo saben, pero se metieron en un embrollo por mentir.

Proceder al rescate costaría mil 700 millones pesos y tardaría cuatro años, y eso si no ocurre otro desastre, como han advertido expertos en el tema, por los niveles de metano y la inundación que se provocó después del estallido.

Además, tendría que encargarse la Comisión Federal de Electricidad de las obras y operaciones de un proyecto más que incierto.

Los familiares se reunieron con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y ahí les deslizaron lo que ocurrirá: cada familia recibirá 3 millones 700 mil pesos y se alzará un memorial para recordar lo ocurrido.

Se reafirmó el compromiso que les hicieron, pero la novedad es que pidieron explorar otras opciones.

Los deudos tienen 15 días para pensarlo y más vale que lo acepten, porque de otro modo los traerán dando vueltas.

Lo triste es que no les dicen la verdad tajante: es imposible lo que piden (el rescate) y además no habrá el dinero por la situación de penuria por la que atraviesa el país.

Hace unos meses escribimos que eso pasaría (ver), porque la evidencia con la que se cuenta, hasta ahora, indica que lo que se tiene que hacer es proceder a reparar el daño de las familias y establecer políticas de seguridad e higiene en las minas que eviten otro desastre, en lo que sí sería un verdadero homenaje para los mineros.   

El presidente y los familiares de los mineros de Pasta de Conchos

Una de las deficiencias del actual gobierno proviene de no aceptar las cosas como son, para no hacerse cargo ni de la responsabilidad ni del costo político que conlleva cualquier decisión.

Pasta de Conchos es una vergüenza, en efecto, por todas las normas que se violaron y que terminaron en una desgracia, pero lo sigue siendo por el uso demagógico que se le da al problema.

Sí, los empresarios mineros son malvados y los conservadores los solapaban, pero eso no quita ni un ápice de contundencia a los informes que tiene el presidente López Obrador o que deben tener en la Secretaría del Trabajo para hacerle ver lo que es posible y lo que no.

Por humanidad deberían zanjar el asunto y permitir a las familias a las familias elaborar el duelo, que ya se prolonga por más de una década.

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