De mora y dolo gubernamental

Leonardo Báez Fuente.-

Había una vez  una máxima conocida entre todos los contratistas y prestadores de servicios gubernamentales: El gobierno paga poco, mal y tarde, pero paga. Este aforismo conocido por múltiples generaciones de empresarios dependientes del gobierno ha encontrado con la 4T que ahora ni eso. El gobierno no paga.

Es secreto a voces que la obra y los servicios públicos son la mayor fuente de corrupción en el país. El reparto del diezmo entre los funcionarios para obtener un contrato gubernamental es moneda corriente, uso y costumbre dentro de toda la administración pública mexicana y sin embargo es donde menos se persigue la corrupción, salvo que sea hecha por adversarios políticos y que estos últimos no hayan compartido los beneficios que obtuvieron de la asignación de las obras con los gobiernos entrantes. El aeropuerto de Texcoco, Odebrecht y el tren suburbano México – Toluca son ejemplos flagrantes de ello.

Para contratar una obra, el gobierno o el órgano gubernamental generador de la obra tenía que incluirlas entre su presupuesto anual y tener una partida dentro de éste exclusiva para ello, es decir, el dinero se encontraba asignado y asegurado para pagar las obras, servicios y demás necesidades del órgano contratante, es decir ese dinero ya tenía un destino y solo quedaba ejercerlo por medio del pago. Evidentemente y dentro de la picaresca de la corrupción, las obras se manejan a sobreprecios para repartir los remanentes entre funcionarios y contratistas. Esa era la costumbre nacional.

Sin embargo con la emisión de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se impusieron una serie de controles excesivos con el fin de evitar que se incurrieran en actos de corrupción en perjuicio del erario público (que nunca se han logrado impedir).

El resultado es desastroso ya que creó órganos profundamente burocráticos que impiden la realización de las obras y su pago en los tiempos y formas que las mismas leyes señalan, dentro de los veinte días naturales posteriores a que se le presenten al órgano contratante las facturas para pago.

Hoy encontramos que dentro del gobierno de la Ciudad de México, que existe la consigna de no pagarle nada a los contratistas; no se les da anticipo alguno para iniciar las obras y cuando se presentan las solicitudes de pago, deben ir amparadas por toneladas de documentación que debe ser analizada por órganos burocráticos cuyo deseo es ser corrompidos para permitir la realización de los interminables trámites necesarios para cobrar.

Lo plasmado en las leyes antes referidas en vez de ser órdenes claras para el gobierno como primer sometido a ellas, se vuelve una simple sugerencia para el gobierno que considera que cualquier persona que le cobre no merece recibir jamás su pago. Hoy tenemos empresas al borde de la quiebra porque simplemente el gobierno no quiere pagarles por trabas burocráticas y con ello empujan cada vez más cerca al país al abismo.

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