Veracruz: la arbitrariedad y el gobernador

Julián Andrade.-

En Veracruz impera con eficacia aquel dicho de que “a nadie se le niega ni un vaso de agua y ni un auto de formal prisión.” El artículo 331 del Código Penal incluye el delito de ultrajes a la autoridad y lo castiga hasta con seis años de prisión.

El texto señala: “se impondrán de seis meses a dos años de prisión y una multa de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivos de ellas”.

A ello hay que sumar que, en caso de tratarse de servidores públicos, la sanción implicará la inhabilitación, para ocupar comisión o cargo, por un periodo similar a la sanción impuesta.

Esto último es una perla negra cuando se trata de sacar adversarios de la jugada.

La utilización del artículo ha sido tan abusiva que, hasta la CNDH, que suele ser bastante omisa cuando se trata de gobiernos alineados en la 4T, recomendó que sea derogada semejante disposición.

Pero las cosas pueden ir a más si hay un interés político en el asunto.  Es el caso de José Manuel del Río Virgen, el funcionario del Senado que está recluido bajo cargos de homicidio.

A estas alturas ya está más que claro que la fiscalía veracruzana no cuenta con pruebas respecto a la participación, de quien también es militante de Movimiento Ciudadano, en la muerte de René Tovar, aspirante a la alcaldía de Cazones, quien falleció por impactos de bala a unas horas de que se realizara la elección el pasado mes de julio.

Del Río está privado de su libertad, porque operó para la sustitución de candidato. Es decir, la acusación se sustenta en que Movimiento Ciudadano hizo lo que se tenía que hacer, suplir al abanderado en Cazones, para no quedar fuera de la contienda.

En otro momento esto sería inverosímil, pero no ahora, donde los modos del gobernador, sus desplantes represivos y el control que ejerce sobre algunos jueces, recuerdan a no pocos caciques que han gobernado el estado.

Lo que ocurre en Veracruz ya llevó al Senado de la República a establecer una comisión de investigación para conocer de los alcances de las arbitrariedades.

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