FGR: la purga en la tormenta

Julián Andrade.-

En la FGR están corriendo personal y por decenas. Las cuentas son diversas, porque no se informa de modo oficial ni de los motivos y la magnitud de los cambios.

Entre quienes ya no laborarán desde el 1 de enero se encuentran peritos, policías de investigación y ministerios públicos. Muchos de ellos con décadas de antigüedad en la institución.

Lo que les dicen es que se está impulsando un nuevo modelo y que su plaza será cancelada, por lo que ya no se requieren de sus servicios.

Es importante tomar en cuenta que muchos de los servidores públicos están inscritos en el sistema profesional de carrera y que han sorteado diversos exámenes a lo largo del tiempo.

Sacarlos de la FGR es un error, porque los despidos no están respondiendo a malas conductas, que en todo caso debieran estar sujetas a sanciones y a investigaciones, o a la no acreditación de los controles de confianza, sino a un recorte presupuestal. El hacha es utilizada para tratar de modelar el detalle.

En seguridad los ahorros y la austeridad mal entendida pueden ser sumamente riesgosos.

Es temerario que una de las crisis de seguridad y de procuración de justicia más graves de nuestra historia, lo que prive sea la improvisación y no el establecimiento de un modelo eficiente que tenga la capacidad de trascender a los gobiernos que, por lo demás, tienen un carácter temporal.

En el libro Sobre la seguridad (Colegio de México, 2021) que escribieron Jorge Carrillo Olea y Jorge Sánchez Carrillo se señala que los activos humanos, de las áreas que se encargan de combatir al delito, son el mayor valor a custodiar, porque se ha invertido tiempo y recursos en su formación. La experiencia no se suple.

Quizá por ello, por esa falta de respeto para quienes laboran en las procuradurías, es que tenemos los índices de impunidad más altos en el mundo y una percepción, desde la óptica ciudadana, de que las cosas no se están haciendo del modo adecuado.

Además, la FGR está muy lejos de mostrarse como una institución donde prive la eficacia de sus altos mandos, por el contrario, sus resultados son modestos y están metidos en temas que tienen más impacto en los medios que en los tribunales. El asunto Lozoya es el más claro al respecto, pero hay otros, por supuesto.

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