De la propiedad y de su defensa

Leonardo Báez Fuente.-

Uno de los elementos claves para la prosperidad de un país es la inviolabilidad de la propiedad privada y los derechos que de ella se desprendan como un derecho humano y su defensa a carta cabal por parte de las autoridades. Sin embargo, en México la propiedad privada deviene de una graciosa concesión que hace “La Nación” (en realidad la burocracia gubernamental) al individuo, dado que desde que el tétrico personaje que fue Andrés Molina Enríquez influenció a los constituyentes de 1917 para que regresaran del régimen liberal  al patrimonialismo colonial, dándole al gobierno el control absoluto sobre la propiedad privada de los habitantes de este país, la propiedad devino en una circunstancia siempre flotando en la incertidumbre.

Me explico: Durante la Colonia y los primeros años de vida independiente se siguió considerando que la propiedad de todas las tierras y derechos que de ellas emanaban era del Rey de España, quien graciosamente las concedía a los particulares para su explotación, y que las mismas podrían regresar a manos de la Corona por Real Decreto. Los liberales en el artículo 27 la Constitución de 1857 señalaron que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, transformando a la inviolabilidad de la propiedad en un derecho elemental garantizado por la ley.

La constitución de 1917 revocó dichos derechos, dado que la guerra civil de 1910 a 1930 fue hecha elementalmente por bandidos, mismos que ansiaban a toda costa robarles justificadamente a los propietarios sus bienes. Las ideas de Molina fueron oro molido para ellos: Les daba como nuevos gobernantes la capacidad de transformar al gobierno en el mayor terrateniente del país y definir arbitraria y discrecionalmente a quién le darían el derecho a tener bienes inmuebles, pasándose un derecho humano fundamental por la mesa de los merengues.

No obstante lo anterior, durante el siglo XX se emitieron tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (de 1969, entrando en  vigor en 1978) en cuyos artículos 17 y 21 determinan como Derecho Humano inalienable el derecho a la propiedad. México es signatario de ambos documentos y sin embargo, sigue considerando a la inviolabilidad de la propiedad privada como una sugerencia más que como una garantía inviolable de los seres humanos.

La inviolabilidad de la propiedad privada siempre se encuentra en México sujeta a que la gente cree que los propietarios lo son por conductas incalificables y que el bandidaje es una sana manera de imponer justicia social (la más injusta de todas ellas). Por ello el gobierno se aprovecha para obtener constantes exacciones a los propietarios privados y no los defiende más que a una constante insistencia de ellos cuando se vulneran sus derechos. México jamás va a avanzar hasta que no se entienda que la propiedad privada debe ser inviolable y que el gobierno va a garantizar ese status quo por ser lo que legítimamente es: Un Derecho Humano.

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