La Marina y los saldos de la guerra

Julián Andrade.-

Desde hace años existía la sospecha de que elementos de la Marina Armada estaban involucrados en actividades ilegales en Tamaulipas. En su momento Animal Político publicó que al menos se contaba con  34 carpetas de investigación sobre hechos delictivos en los que habría participado la Unidad de Operaciones Especiales.

Este lunes 30 elementos de la Marina fueron puestos a disposición de  la Fiscalía General de la República (FGR) porque son investigados por desapariciones forzadas ocurridas en 2014.

Es un caso relevante y que puede tener consecuencias en lo que toca al desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y en lo que respecta a la protección a los derechos humanos.

En Tamaulipas se ha librado una ardua batalla contra organizaciones criminales sumamente violentas. El cártel del Golfo llegó a ser muy poderoso y en su momento Osiel Cárdenas, su líder, reclutó a elementos del ejército para convertirlos en sus guardias personales. Aquellos desertores con el tiempo fundaron a Los Zetas.

Son años de una situación compleja y que por ello va relevando episodios nada ejemplares. Siempre se advirtió que las víctimas colaterales de la lucha contra el narcotráfico iban a ser los ciudadanos, pero también las propias normas legales.

Aún no sabemos hasta donde están involucrados los marinos detenidos, todavía falta que en un juicio puedan defenderse y que se les respeten todas las garantías para hacer esto posible.

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y por ello no prescribe. Su gravedad está ligada a su propia mecánica, a los daños que causa a las víctimas y a sus familiares y amigos.

La FGR tiene una gran oportunidad de esclarecer las cosas y de explicar cómo una treintena de marinos, o los que sean,  cayeron en semejante trampa.

Después de todo, una de las obligaciones de la autoridad es la de establecer las condiciones que eviten la repetición de las violaciones a los derechos humanos y ello es tan urgente como la obtención de condenas para quienes hayan violado la ley.

Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que el compromiso de las fuerzas armadas ha sido ejemplar e institucional a lo largo de los últimos años, que asumieron el costo de actuar sin el cobijo legal adecuado.

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