Las grandes operaciones antinarcóticos en los años setenta y ochenta, muchas de ellas impulsadas por agencias de seguridad Estados Unidos, significaron que la violencia se extendiera y que se violaran derechos humanos.
Julián Andrade.-
Al menos desde los años setenta, el combate a las guerrillas también derivó en que se establecieran operaciones de mayor dureza contra el narcotráfico.
Esta situación motivó que la represión se extendiera a diversos grupos sociales, incluidos los que eran acusados de pertenecer a los mercados ilegales.
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico acaba de presentar su informe “Fue el Estado”, que es un compendio de seis volúmenes sobre las violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990 que puede ser consultado en www.meh.org.mx.
Es una obra de carácter excepcional de la que seguramente se ocuparán periodistas, académicos y expertos en temas de seguridad y protección a derechos.
En el apartado que se refiere al combate al narcotráfico se establecieron tres hipótesis:
Uno. La violencia no fue desatada por los traficantes de drogas, sino por el propio Estado. Dos. La estrategia de combate a las drogas fue impulsada primordialmente por La Casa Blanca. Tres. En realidad, se trató un juego de apariencias. La intención no consistió nunca en la erradicación sino en la administración del problema.
En el documento elaborado por Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart se afirma: “el Estado no castigó a los grandes traficantes, castigó la pobreza de los campesinos que se ven forzados por la necesidad u obligados por los mismos traficantes, a la sembrar y cosechar mariguana y amapola”.
Ilustración creada con IA
El Ejército, la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal se solían involucrar en violencia contra la población que, en no pocas ocasiones, terminaba en violaciones a los derechos humanos.
Cuando la operación Condor, la estrategia destrucción de plantíos ilegales desplegada por el Ejército y la PGR estaba en su apogeo, un grupo del “Colegio de Abogados Eustaquio Buelna”, en el que participaban Jesús Michel Jacobo y Norma Corna Sapien, dio a conocer un informe, en 1978, sobre el terror que estaban sembrando los militares en Sinaloa.
El documento fue una de las primeras denuncias por violaciones masivas a los derechos humanos en el contexto de la Guerra Sucia y de los excesos cometidos en las operaciones antinarcóticos.
Años después, Jacobo y Corona serían asesinados, el primero en 1987 y la segunda en 1990.
La muerte de Corana motivó una de las primeras recomendaciones de la CNDH y en ella se reveló que el autor intelectual del crimen había sido uno de los comandantes de la PGR al que, paradójicamente, se le encomendó la investigación del asunto.
Hay historias, como esa, que tendrían inclusive impacto en las propias organizaciones delictivas.
El Informe del MEH se enfoca, sobre todo, a dar visibilidad a las víctimas, a tratar de comprender los mecanismos que, desde el Estado mismo, generaron los esquemas de violencia que, de alguna manera, aún se padecen.
Publicado en Forbes México el 20 de agosto de 2024. Link: https://www.forbes.com.mx/cuando-el-narcotrafico-era-el-pretexto-para-la-represion-y-violencia/
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