Jorge Ortega Ferrán.-
Pasaron cuatro semanas y tras tres días de deliberación, en la mañana del martes, donde hacia tan solo tres años Joaquín Guzmán Loera había sido declarado culpable, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York repetiría el veredicto una vez más en contra de un mexicano, solo que en esta ocasión sería en contra de Genaro García Luna, quien se desempeñara como Secretario de Seguridad, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, escucharía las mismas palabras que el conocido capo… culpable.
Culpable de cuatro cargos por narcotráfico y un cargo por hacer declaraciones falsas a la autoridad. El resultado: no menos de veinte años de prisión y traicionar la patria que un día juro defender.
El juicio relato, bajo juramento de decir verdad, en voz de conocidos criminales como el exsecretario recibía millones de dolores a cambio de proteger y consentir las actividades de los grupos que tomaron la vida de más de 120,000 mexicanos en el periodo de su gestión. Demostrando lo que ya muchos suponían, la infiltración del crimen organizado en las esferas del poder político, aportando a la destrucción de la imagen que nuestro país le da al mundo y corroborando la narrativa de poderosos xenófobos que buscan agredir a nuestros migrantes en tierras norteamericanas.
No importo en esta ocasión la omisión de presentación de pruebas por parte de la fiscalía, no fueron necesarias. Los doce miembros del jurado no pudieron encontrar, en los testimonios, una duda razonable acerca de la implicación del “superpolicía” en el crimen organizado. Era muy claro para ellos que los testigos habían sido veraces en sus afirmaciones y compraron la historia del México violento y corrupto que por años se ha ido forjando en la mentalidad norteamericana: una nación de criminales.
Algunos de los que festejaron el veredicto, quizá incautos, han fallado en percatarse lo que esto implica para quienes habitamos esta tierra, en analizar lo que implica que aquellos que se extraditen hoy puedan ser sus verdugos el día de mañana. ¿Bastará una foto, con algún familiar de un conocido narcotraficante, para que un jurado determine la asociación delictuosa de un funcionario, de un secretario o un presidente? La DEA y las agencias de investigación norteamericanas tomarán el ejemplo de García Luna para justificar la detención de todos aquellos que consideren han fallado a sus intereses.
Hoy se disipan las dudas acerca de la complicidad entre el crimen y el Estado que juro defendernos de aquellos que nos amedrentan. Se ha declarado culpable a García Luna, pero también a la nación que lo cobijo como un miembro de su alta esfera política, en un juicio donde han sido nombrados varios funcionarios públicos, por una nación que en varias ocasiones ya ha acusado a otros miembros del gabinete. Hoy, más que nunca, las palabras del expresidente Trump retumbarán en los oídos de los norteamericanos, la nación que envía criminales, drogas y problemas, el incomodo vecino al sur de su frontera.
Esta vez no fueron necesarias las pruebas, en Estados Unidos está claro que el testimonio de nuestros peores criminales es equivalente a los dichos de nuestros más altos funcionarios.
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