Cuando matan a un juez

Julián Andrade

Proteger a los jueces es una tarea que compete al Consejo de la Judicatura (CJF). La Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación es la encargada de preservar la integridad de los servidores públicos y para ello desarrollan  planes y programas tácticos.

Desde esa área se coordina con las autoridades de los tres niveles de gobierno y tiene inclusive facultades para hacerlo con instituciones públicas y privadas, inclusive de carácter internacional.

Por eso los jueces, cuando se sienten amenazados o en riesgo, solicitan al CJF que los auxilie y determine la pertinencia de sus solicitudes.

Por ejemplo, el año pasado, 303 juzgadores pidieron medidas de protección, pero la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal solo las autorizó para 199.   

Pero garantizar que los jueces puedan hacer su trabajo es también una tarea de Estado,  porque es uno los temas claves e indispensables para que prevalezca la justicia. Es decir, la responsabilidad última es de todos.

La lamentable muerte del juez Uriel Villegas Ortiz  y de su esposa, a manos del crimen organizado, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de aumentar las condiciones de seguridad para quienes tienen tareas de relevancia en el Poder Judicial y espacialmente los  que deciden sobre expedientes de alto impacto. Las autoridades tienen no solo que dar con el paradero de los asesinos para que paguen por lo que hicieron, deben también dejar claro que lo que ocurrió es inaceptable desde la lógica del derecho y que ahí sí, no habrá contemplación que valga, por el bien de todos.