Ciudad de México con más denuncias por despojo

Redacción.-

Ante el aumento en el número de hechos ilícitos de despojo, donde las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero se ubican a la cabeza en las estadísticas oficiales, agrupaciones de la sociedad civil piden aumentar las penas para evitar la comisión de estos delitos.

Ante estos números, apenas en julio del año pasado, el alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, junto con su (entonces) homólogo en Cuauhtémoc, Néstor Núñez Lópezfirmaron un convenio para inhibir este tipo de actos en ambas demarcaciones.

“El convenio tiene como objetivo coadyuvar acciones estratégicas de seguridad para establecer vigilancia entre la zona limítrofe de estas alcaldías”, presumió en aquella fecha Chíguil Figueroa, pero a más de un año de distancia de esta acción, esta tendencia lejos de disminuir, creció.

Una revisión de El Bastión de Papel confirmó que este delito, dentro de la estadística de incidencia delictiva del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ubicó con una tendencia a la alza en los últimos cinco años.

La capital del país “es la que registra mayor número de delitos de despojo”, en el año 2015 se registraron un total de 3,248 denuncias; en 2016, un total de 3,616; en 2017, una suma de 3,427; en 2018, 3,618; y, finalmente en 2019, 3,994 denuncias.

A escala nacional, las cifras revelan que en los últimos cinco años, la mayor incidencia, después de la capital, fue en estado de México, Michoacán y Querétaro, “las únicas cuatro entidades que en el periodo 2015-2019 tuvieron incrementos anuales en todo el ciclo analizado y ningún descenso anual”, dice el reporte. 

El delito de despojo se lleva a cabo mediante el uso de la violencia, engaño o la usurpación en contra del patrimonio de sus legítimos propietarios, afirmó el abogado y doctor en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mauricio Santiago.

El también director de la oficina jurídica del colectivo Justicia Transversal Mexicano, señaló que el desafío para las instituciones de seguridad y justicia, tanto a escala estatal como federal, es “disminuir el número de los delitos de despojo, y con ello, mejorar las condiciones de la población en materia de seguridad pública”.

“Es necesario que los integrantes del Congreso de la Unión consideren aumentar las penas por las conductas ilícitas de este tipo que perjudiquen a personas en situación de vulnerabilidad como familias, comunidades desplazadas o adultos mayores”.

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